A raíz del incremento en el precio de los combustibles, el descontento social ha venido en aumento durante la última semana, y no es para menos, de diciembre de 2020 a mayo de 2022, el precio de la gasolina subió aproximadamente 75%, y el del diésel 102%. El alto costo de los combustibles ya ha empezado a reflejarse en los pasajes de autobús, afectando así a la población más vulnerable; así como los costos de transporte del país, generando mayores costos para las empresas. Como es de esperar, las autoridades políticas del país han empezado a buscar maneras de paliar dicha situación. Sin embargo, lo propuesto hasta ahora es inviable o bien tendría un efecto mínimo en los precios e inexistente en la insatisfacción social. Lamentablemente, dicha situación parece ineludible en el corto plazo.
Para comprender mejor lo difícil que es disminuir los precios, es necesario conocer con detalle el desglose del precio de los hidrocarburos. De acuerdo con Recope, el 58% del precio de la gasolina se debe al precio internacional del producto y el 29% al impuesto único a los combustibles. Adicionalmente, los márgenes de intermediación corresponden a un 11%, 5% corresponde al margen de Recope y 6% a las gasolineras. De manera que estos cuatro componentes representan el 97% del precio que pagan los consumidores finales en las gasolineras.
De momento, las alternativas para disminuir la porción más grande (el precio internacional del producto) se han concentrado en cambiar aspectos técnicos de los contratos, como aumentar el número de proveedores o comprar precios futuros y no spot, esto con el objetivo de lograr una rebaja en el precio. Sin embargo, a pesar de que esto logre frutos en el corto plazo, el asunto de fondo es que los precios internacionales del petróleo han aumentado de manera generalizada, y no solo aquellos que paga Recope; de acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos, los dos precios de referencia del mercado mundial, Brent y WTI, han tenido un aumento de más del 100% desde diciembre de 2020. Peor aún, no se espera que el precio internacional vuelva a los niveles observados antes del 2021, ya que la pandemia generó una disminución en la inversión por parte de la industria petrolera, lo que limitó la oferta para los años venideros.
El segundo componente más alto es el impuesto único a los combustibles, que ronda el 30% del precio final. Si bien la mayoría de las propuestas han ido en la dirección de disminuir dicho impuesto, han carecido de responsabilidad fiscal. El Ejecutivo, responsablemente, argumentó que solo disminuirá el impuesto, si se compensa la caída en la recaudación fiscal, propuesta que de momento no ha sido presentada por ninguna bancada. Una reforma fiscal de dichas características se ve inviable en el corto plazo. Pero aún si esta se lograra, disminuir impuestos en un bien, para aumentarlos en otro, no pareciera la mejor alternativa para calmar los ánimos en una ciudadanía disgustada por la inflación.
Por último, la medida más discutida durante la campaña política, abrir el monopolio de Recope, y evitar así que el consumidor final pague el margen de intermediación de Recope. Una vez más, en el corto plazo, esta medida es inviable, pues llevar a cabo una reforma de esta magnitud tomará tiempo y mucho desgaste político; aprobar esta legislación tomará tiempo, así como la llegada de capital extranjero y la instalación de empresas en el país. Pero aún si se lograra reducir el margen de Recope a 0% de la noche a la mañana, solo se lograría disminuir el precio en 5%. El precio del súper pasaría de 958 a 911 colones, el de regular de 933 a 886 colones y el del diésel de 908 a 860 colones. De nuevo, dicha reducción marginal sería insuficiente para mejorar el descontento social.
Ante la complicada situación, y la falta de soluciones claras en el corto plazo, recientemente se propuso brindar un subsidio de 35% a los dos quintiles (40%) de menor ingreso de la población. Es evidente que la propuesta peca de estatista y asistencialista. No solo impone una carga fiscal al país en un contexto internacional de crecientes tasas de interés, sino que ignora las malas experiencias que se han vivido con medidas similares. Darle un subsidio temporal a una parte de la población, es simplemente postergar el problema, pues eventualmente, cuando se retire el subsidio, el malestar volverá, tal como ha sucedido en Ecuador. Pero probablemente, el error más grueso de la propuesta es que genera las condiciones perfectas para que se cree un mercado secundario de gasolina en el país, así como se ha evidenciado con sectores que han recibido subsidios en la gasolina.
Lamentablemente, en el corto plazo, esta problemática parece ineludible para el país, y las autoridades han sido incapaces de comunicarlo a la población.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de ECOANÁLISIS ; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
