Como respuesta a la Ley de Usura publicada el pasado 20 de junio, algunos bancos privados han anunciado medidas; principalmente, la reducción de sus clientes de tarjetas de crédito. Los bancos argumentan que estas medidas son manifestaciones de la exclusión financiera que, junto con el Banco Central, advirtieron fervientemente. Pero, ¿en qué consiste este argumento de la exclusión financiera?
En términos más cotidianos, imagine una pequeña empresa, ubicada en el GAM, que distribuye productos a pulperías. La empresa distribuye su producto tanto en negocios cercanos, dentro del mismo GAM, como en pueblos alejados y de difícil acceso. Como es de esperar, por los costos que le supone; cuando lleva producto a un lugar muy lejos, donde una gran parte del camino es de lastre, e incluso de barro en la época lluviosa, donde no hay alumbrado público y la soda más cercana está a más de 5km; esta empresa vende sus productos a un precio mucho mayor que a una pulpería que tiene a la par. El Gobierno, observando que los productos en este lugar remoto se venden a un precio mucho más alto que en la capital, impone un precio máximo de venta a la distribuidora. Resulta que el precio impuesto por el Gobierno no compensa los costos para la empresa; por lo que naturalmente la empresa dejará de distribuir su producto a las pulperías más alejadas y se concentrará únicamente en vender a las más cercanas. Al cabo de esta decisión, una política bien intencionada del Gobierno ha ocasionado que las personas de los pueblos retirados no tengan acceso a los productos que distribuye la empresa. Ya no tienen la posibilidad de decidir, sin salir de su pueblo, si desean comprar a un precio alto o no hacerlo. Lejos de bajar los precios, la regulación del Gobierno los ha aumentado; pues quien desee comprar estos productos deberá desplazarse a un pueblo más grande o al GAM para poder conseguirlos.
Pero entonces, ¿cómo puede el Gobierno bajar los precios para las personas de estos lugares? Tomando el camino largo y propiciando un ambiente que incentive a más empresas a distribuir a estas localidades; promoviendo la competencia. Para empezar, podría invertir en alumbrado público, o asfaltar las calles para que los costos de distribuir sean menores. Si el Gobierno logra reducir estos costos, más empresas se verán interesadas en distribuir sus productos en estos lugares remotos, y eventualmente los precios podrán bajar. Luego, si lo amerita, pero habiendo tomado acciones para promover la competencia, los precios podrán ser regulados; de manera complementaria, y no como primera opción.
El mismo principio se aplica en el caso de la Ley de Usura. Su mayor defensor, don Welmer Ramos argumenta que esta ley llega como respuesta a una serie de problemas en el sector financiero; destaca estructuras oligopólicas, ignorancia financiera de la población e ineficiencia operativa de las instituciones. Problemas que son ciertos y necesitan solución, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2018 mediante su informe La Hora del Crecimiento, señaló que las dos principales limitantes de Costa Rica para potenciar el crecimiento económico eran los mercados financieros y la infraestructura. Sin embargo, ninguno de los tres problemas mencionados por el diputado se soluciona con la regulación de tasas. El mismo BID destaca en el informe que acciones bien intencionadas para regular el nivel de tasas de interés puede inhibir la inversión y reducir el tamaño del sistema financiero, y propone como sustituto regular los tipos de productos ofrecidos, aumentar la competencia, regular prácticas anticompetitivas y fortalecer la educación financiera.
Es decir, el organismo propone como “alumbrado y asfalto” medidas que permitan a más competidores participar del sistema financiero, penalizar prácticas como la colusión de tasas o tarifas entre bancos y fortalecer la educación financiera. Este último adquiere especial relevancia, las entidades financieras deberían ser obligadas a explicar a sus clientes los detalles de los productos que adquieren y asegurarse que estos entiendan. Las personas deben comprender las implicaciones de financiarse con una tarjeta de crédito o de comprar un electrodoméstico a pagos. Y una vez que han comprendido las implicaciones a largo plazo de sus decisiones, ser libres de decidir si desean o no asumir las consecuencias.
Sin embargo, se ha optado por la medida más rápida, regular las tasas, y ya se ha empezado a generar exclusión financiera, lo que quiere decir que muchas personas no podrán optar por créditos formales o por tarjetas de crédito; como alternativa tendrán que recurrir a prestamistas informales, donde muy probablemente los costos de financiamiento son mayores para ellos. En lugar de darle herramientas a las personas para que puedan tomar decisiones informadas, se ha decidido quitarles la posibilidad de decidir. Finalmente, ¿quienes ganan y quienes pierden con esta medida? Ganarán aquellos políticos que mediante soluciones simplistas se han proclamado como redentores de la esclavitud financiera, y perderán aquellas personas que han perdido acceso a financiamiento formal.
Sr. Daniel de la Cruz Dien
Analista Económico Ecoanálisis
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