Costa Rica tiene la segunda tasa de desempleo más alta de América Latina, solo superada por Venezuela. El desempleo golpea más fuertemente a las mujeres de todas las edades y a los jóvenes entre 15 y 24 años. En el caso de este último grupo, la tasa de desempleo abierto supera el 40%. Estas altísimas tasas de desempleo no son solo el resultado de la pandemia del Covid, pues antes de ella, ya Costa Rica mostraba niveles de desempleo entre los más altos de la región. Vale la pena indicar que tan solo 3 años atrás (2° trimestre de 2018), la tasa de desempleo del país se ubicaba en 8.7%. Hoy, con una tasa de 16.8%, el desempleo prácticamente se hay duplicado en este lapso, y reflejan la desidia del gobierno por emprender programas de empleabilidad y reactivación económica.
La otra cifra preocupante del mercado laboral costarricense es el crecimiento del empleo informal. Las tendencias de la última década muestran que la tasa de informalidad ha crecido alrededor de 20%. Este crecimiento nos acerca al promedio de América Latina, dejando atrás el reconocimiento de Costa Rica como un lugar en donde se promovía el respeto a los derechos de las garantías laborales y el acceso a la salud y las pensiones.
El carencia y precariedad del empleo es el principal problema económico que enfrentan los costarricenses. La siguiente imagen es un reflejo de la fragmentación del mercado laboral, en la cual se presenta la división de la población económicamente activa (PEA), la cual está compuesta por cerca de 4 millones de personas.
Del total de trabajadores mayores de 15 y menores de 65 años, el 40% no participa de la fuerza de trabajo. Algunos de ellos no buscan trabajo porque se encuentran estudiando, haciéndose cargo de las tareas del hogar, cuidando niños o ancianos. Sin embargo, otros no buscan trabajo porque están desalentados ante la imposibilidad de encontrar una ocupación que les remunere de manera adecuada. En general, la tasa de participación de la PEA en el mercado laboral es baja en Costa Rica, cuando se compara con otros países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esto es especialmente notable en el caso de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, quienes en mayor proporción están a cargo del cuido no remunerado de niños y adultos mayores. Así, existe un potencial importante bono de género que puede colaborar con el sostenimiento de los sistemas públicos de salud y pensiones. Esto no dice que existe una oportunidad para el país si un gobierno futuro lograra articular políticas públicas que promuevan una extensión de los centros diurnos de cuidos de niños y la creación de servicios de cuido de adultos mayores, hasta ahora ausentes de la discusión pública.
Por otro lado, la baja participación también es la causa de un sistema educativo igualmente fraccionado y que, en cuanto a la educación pública, ha venido muy a menos en los últimos años, ante la falta de interés del Estado de graduar a los adolescentes con los conocimientos mínimos que el mercado requiere para costear el pago de al menos un salario mínimo. En los últimos tres años, son menos los días que las escuelas y colegios han impartido lecciones que los días en donde no se han recibido clases. Esto será un lastre pesado para la economía costarricense en las próximas décadas, similar a la catástrofe educativa que surgió luego del gobierno de Rodrigo Carazo, cuando la crisis obligó a muchos niños y adolescentes a abandonar las escuelas, lo cual explica parte de la tasa de pobreza actual que, en lugar de disminuir, ha venido aumentando en el tiempo.
El mismo gráfico de arriba nos muestra que el desempleo afecta al 10% de la PEA. Tradicionalmente, la tasa de desempleo se mide en relación con la fuerza de trabajo, o sea, excluyendo al 40% de las personas que han decidido no trabajar. No obstante, la intención de este gráfico es mostrar que la mitad de la PEA no trabaja porque decidió no hacerlo o porque no encuentra trabajo.
Del 50% restante de la PEA que sí trabaja, el 22% lo hace en el sector informal y el 28% en el sector formal. Estos últimos trabajadores son aquellos que están inscritos en la Caja Costarricense del Seguro Social.
La cifra es preocupante porque ello implica que el financiamiento de los sistemas contributivos de salud y de pensiones, que se suponen deben ser universales, solo recaen sobre el 28% de la población en edad de trabajar. Ello provoca que las cargas sociales en Costa Rica sean muy elevadas pues el método de financiamiento, basado en salarios, recae sobre un número cada vez más reducido de trabajadores. Por lo tanto, si se quiere disminuir el desempleo y la informalidad, no existe otro camino que reducir las cargas sociales que pesan sobre los trabajadores y empresas formales. Costa Rica está entre los países con impuestos sobre las planillas más altos en el mundo. Por tanto, una parte importante de estas cargas sociales deben de ser eliminadas y el financiamiento de las instituciones públicas a las que están dirigidas esas cargas debe trasladarse al presupuesto nacional. Así muchos trabajadores y empresas dejarían de pagar impuestos a las planillas y parte de esos impuestos tendrían que ser trasladados a la generación de riqueza. Esto alentaría la creación de empleo formal y el crecimiento económico, el cual es una condición sine qua non para la creación de más empleo y reducción de la pobreza.
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Socio Consultor de Ecoanálisis
