En Costa Rica, al igual que en el resto de América Latina, las micros, pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen la gran mayoría de las empresas (97.5%), de las cuales el 80.8% son microempresas, el 12.6% pequeñas empresas y el 4% medianas. Este gran conglomerado del sector productivo nacional genera el 33% del empleo formal, el 35.7% de la producción y el 5.9% de las exportaciones (según cifras del Banco Central de Costa Rica). Un hecho relevante es que las más de 130.000 empresas PYMES muestran niveles de productividad más bajos que las grandes empresas. De hecho, las PYMES sufren una brecha de productividad particularmente significativa, en vista de que representan el 97.5% del parque productivo y sólo un tercio del valor de la producción nacional. Esta diferencia es particularmente importante en el caso de las empresas de menor tamaño: las microempresas representan el 80.8% del total de empresas y aportan solo el 11.4% de la producción. Además, Costa Rica tiene que hacer frente a la presencia de un gran sector informal como parte integral de su estructura económica y del sector de las PYMES, con amplias repercusiones en el desarrollo social y económico del país.
Es por ello por lo que el crecimiento económico, la formalización y la diversificación deberían constituir los principales objetivos de cualquier política de fomento a las PYMES. Esta necesidad se hace cada vez más pertinente en la medida que se profundiza la apertura comercial y se mejoran las oportunidades para producir más bienes y servicios. Claro está, otros objetivos, como la generación de empleos y la reducción de la pobreza y la desigualdad, también son relevantes, lo que demanda contar con un marco de política para las PYMES que incida sobre diversos segmentos de la población de estas empresas a través de varias iniciativas.
En este contexto, si bien Costa Rica ha acumulado una significativa experiencia en materia de políticas PYME, deja mucho que desear su marco institucional altamente desarticulado, lo que incide en el crecimiento de estas empresas, tal y como lo ha evidenciado estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Estado de la Nación. Necesitamos establecer un marco institucional altamente articulado, desarrollar orientaciones estratégicas en políticas PYME en cuanto a desarrollo productivo a mediano plazo y planes de competitividad, así como mejorar las instituciones operativas con directrices horizontales y específicas.
En el plano horizontal es necesario dar prioridad a las medidas para reducir la burocracia y simplificar los procedimientos administrativos, especialmente mediante el uso generalizado de servicios de gobierno electrónico. En el plano de apoyos específicos, éstos deben enfocarse en mejorar la productividad y la innovación, con objetivos generales como reducir la dependencia del petróleo, desarrollar manufacturas avanzadas y actividades de servicios, promover mejoras tecnológicas y profundizar la integración en las cadenas de valor en las que participa el país, mediante el desarrollo de fuertes encadenamientos productivos. En todo este contexto, vierte especial importancia la medición de la efectividad de las políticas a través del monitoreo y la evaluación, algo totalmente ausente en la función pública costarricense.
En un reciente estudio de la OCDE y el Banco de Desarrollo de América Latina, sobre las políticas para pymes competitivas en América Latina, se señala la importancia de analizar la actual política PYME en función de siete dimensiones: 1) marco institucional; 2) entorno operativo/simplificación de procedimientos; 3) acceso al financiamiento; 4) servicios de desarrollo empresarial y compras públicas para las PYMES; 5) innovación y tecnología; 6) transformación productiva; y 7) acceso a los mercados e internacionalización. Bien haríamos de cara a las futuras elecciones, en comenzar a discutir sobre cada una de estas dimensiones en el contexto costarricense. Algo en lo que espero aportar en próximos artículos.
Socio Consultor Ecoanálisis
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