Actualmente, se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende reducir el impuesto a la propiedad de vehículos del año 2022. La reducción del impuesto oscilaría entre un 15% y un 50% dependiendo del valor del vehículo: a menor valor, mayor la exoneración. Los diputados proponentes del proyecto argumentan que, dada la alta tasa de desempleo y las restricciones a la movilidad durante el año, los propietarios de vehículos deben recibir una compensación para aliviar su situación financiera. Sin embargo, este alivio llegará en menor medida a las familias de bajos ingresos y beneficiará principalmente a las de mayores ingresos del país. Adicionalmente, generará un agujero fiscal y dará pobres señales a nuestros acreedores sobre nuestro compromiso con el ajuste fiscal.
Progresividad. El impuesto a la propiedad de los vehículos es claramente progresivo. Se dice que un gravamen es de esta índole cuando el contribuyente paga una mayor tasa impositiva entre mayores sean sus ingresos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018, solamente el 49% de los hogares costarricenses tienen acceso a vehículo propio. En el caso de las familias en el primer quintil de ingresos, o sea el 20% más pobre del país, cerca de 8 de cada 10 hogares no tiene acceso a vehículo propio. Por el contrario, en las familias del último quintil de ingreso, o sea el 20% de mayores ingresos del país, solamente 2 de cada 8 hogares no tienen un vehículo propio.
Por otro lado, según la misma encuesta, el pago del marchamo está concentrado en las familias de mayor ingreso. En el año 2018, los hogares ubicados en el cuarto y quinto quintil de ingreso pagaron el 75% del total recaudado, mientras aquellas ubicadas en los primeros dos quintiles, pagaron solamente un 12% del total recaudado.
Hueco fiscal. El Ministerio de Hacienda estima que la iniciativa disminuiría en – al menos – ¢61.000 millones (aproximadamente 0,15% del PIB) los ingresos fiscales y, como era de esperar, advierte que la vía utilizada para reponerlos no será la reducción de gastos sino la emisión de nuevos bonos de deuda. Esto, a todas luces, va en contra de la ruta de ajuste fiscal que exige nuestra economía.
Compromiso Fiscal. Al país le urge concentrar sus esfuerzos en convencer a sus acreedores de que existe un compromiso de ajuste fiscal. El acuerdo con el FMI va en esa dirección, pero distintas acciones del Ejecutivo y de los diputados muestran que nuestros gobernantes parecen no darse cuenta de que la economía está en la cuerda floja. Recientemente, el Gobierno invocó una cláusula de salida de la regla fiscal para autorizar un aumento en el gasto al MEP, el CNP y al INA. Ahora, la oposición pretende aprobar una propuesta tan irresponsable como la del Ejecutivo.
No olvidemos que, en mayo del año pasado, los diputados liberaron a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal y eso trajo consigo una reducción en nuestra calificación de deuda soberana. Durante setiembre, los bonos de deuda costarricenses han disminuido su precio debido a que se ha dilatado la aprobación de proyectos clave para el acuerdo con el FMI.
Aunque la idea de reducir el marchamo podría parecer atractiva y, hasta cierto punto, sensata, los diputados deben rechazarla, no solo porque la gran mayoría de las familias pobres del país no recibirán ningún alivio, sino también para evitar agravar la crisis fiscal que enfrentamos.
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Socio Consultor Ecoanálisis
