Desde que se aprobara a finales de 2018 la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), la polémica ha rondado respecto a la aplicación de cada uno de sus cuatro grandes temas, a recordar: el IVA, renta, empleo público y regla fiscal.
El último elemento ha tomado mayor relevancia dado que los niveles de deuda con respecto al producto interno bruto se acercan a la temida cifra del 60%, siendo que en ese mundo aplica el caso más estricto de la regla, que implica congelamiento de salarios y un tope al crecimiento del gasto total, no solo el corriente como en los casos menos severos de la regla establecida.
Pero, más allá de la inevitable aplicación, el debate se ha centrado en cómo se debe revisar que efectivamente el Gobierno Central estará cumpliendo con ese compromiso. En la mesa aparecen dos actores relevantes: el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Como era esperable, ambas instituciones hicieron una interpretación acorde con sus objetivos primordiales, la primera desde una perspectiva de la operatividad y garantía del fondeo de los entes del Gobierno Central; y la segunda desde una visión de monitoreo riguroso de la eficiencia del Estado en el uso de los fondos de todos los costarricenses.
Las perspectivas señaladas hicieron que se generara una diferencia importante. Hacienda señalaba que el cumplimiento de la regla debe hacerse tomando en consideración el cambio en los presupuestos aprobados por la Asamblea Legislativa, mientras que la Contraloría indica que esta verificación debe hacerse a la hora de analizar los presupuestos ejecutados.
En algún momento de la discusión se entendió por parte de varios actores que hacer caso de la interpretación de la Contraloría implica un recorte de cerca de 450mil millones de colones en la formulación del presupuesto para 2021, a lo cual el Ejecutivo respondió que se trataría de un “suicidio”, en términos de la limitación a la operación de muchas áreas del Gobierno Central. Cabe señalar que hasta la fecha sigue habiendo algún grado de confusión respecto a qué se debe entender realmente como verificación de la regla fiscal.
El grado de incertidumbre ha obligado a que más opiniones sean recibidas y tomadas en consideración. Recientemente, el Banco Central ha puesto en el tapete su interpretación sobre este tema y vale la pena incorporarlo al debate.
Una versión pragmática
El Banco Central en su mensaje dice en esencia que tanto Hacienda como la Contraloría han tenido la razón, solo que han visto cada uno la mitad (más precisamente la tercera parte) del proceso real de cumplimiento de la regla fiscal.
El error ha sido mezclar los momentos del ciclo presupuestario. Evidentemente, si comparamos una formulación con la ejecución inmediatamente anterior, el cambio tiende al recorte de gasto en lugar de una contención del crecimiento del gasto, que es lo que se menciona en el artículo 11 del Título IV de la Ley 9635, de los casos en que se aplica la regla.
Entonces, lo que se debe hacer, de acuerdo con la lectura del Central es hacer 2 controles cumpliendo con lo señalado en los artículos 19, 20 y 21 del Título señalado en el párrafo precedente. El primero comparando formulaciones (la versión de Hacienda) y una segunda posteriormente comparando ejecuciones (la versión de la Contraloría), ambas son complementarias y se revisan con el porcentaje de crecimiento que impone la Ley.
De esta versión se desprende que el esfuerzo de contención del gasto, más allá de lo impuesto en la regla debe darse en las formulaciones presupuestarias futuras, es en ese momento en el que es posible socar la faja, pues la ejecución de los presupuestos están limitados a un porcentaje histórico, es decir, un mayor porcentaje de ejecución se realiza disminuyendo la base en lugar del resultado.
La versión del Central resulta pragmática para solucionar esa discordancia que se mantiene y preocupa. Independientemente de la decisión que finalmente salga de la institucionalidad estatal respecto a la regla fiscal, es urgente que se logre detener la senda acelerada que ha tenido el gasto, y que permita a su vez las facilidades políticas para atender los demás problemas relacionados, la alarma sigue encendida por lo que es hora de llegar a acuerdos y de actuar por el bien de todos y todas.
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