Para nadie es un secreto que los fenómenos acaecidos en los últimos meses, en especial el conflicto bélico entre Rusia yUcrania, han impulsado al alza los precios de muchos bienesy servicios, siendo el petróleo y por ende los combustiblesde los más notorios por su trascendencia en una amplia gama de actividades económicas.
Costa Rica desde luego no escapa a esta situación, y los efectos han llevado a que por primera vez los precios por litro de los principales combustibles superen la barrera de los mil colones. Evidentemente esto genera preocupación y se intensifica la discusión para la búsqueda de soluciones,pensadas en mitigar las consecuencias sobre la cotidianidadde prácticamente todas las personas. Es un tema complicado, pero esto no debe dar pie a que, en un esfuerzo apresurado se generen propuestas que vayan a generar más perturbaciones de las ya existentes.
Con este panorama es en el que se ubica una propuesta reciente del gobierno en torno al establecimiento de precios máximos para las gasolinas y el diésel, de manera preliminar, en un valor cercano a los 900 colones por litro. A priori es una idea que resulta atractiva para la mayoría de las personas, dado el sentido de urgencia ante las presiones que viven en sus presupuestos. No obstante, es de relevancia señalar algunos elementos que no se contemplan con frecuencia y no deben ser olvidados.
En primer lugar, desde los principios de la microeconomía, se indica que un mercado en el más básico de sus escenarios y sin ninguna distorsión, encuentra un punto de equilibrio entre las interacciones de oferentes y demandantes del bien o servicio, siendo el mismo mercado el que dirige ese destino. No es de extrañar que en la realidad prácticamente ningún mercado está exento de distorsiones, y en particular el caso costarricense de su mercado interno de combustibles compila casi la totalidad de los elementos que se estudian: se tiene un monopolio en la importación del bien, se tienen elementos de información asimétrica entre distribuidores y consumidores, incluso la presencia de un impuesto único; esto sumado a que el comportamiento de la demanda es muy inelástico, es decir, que las personas en general tienden a mantener su consumo similar a pesar de las variaciones en los precios que observan.
Ahora bien, incluso con todos los elementos anteriores, se puede asumir por simplicidad que hay un conocimiento general de los actores, y en el mercado se permite un acercamiento a un precio de equilibrio con las condiciones actuales. En este contexto es en el que se incorporaría un precio máximo. Debe entenderse que este tipo de medida tiene sentido como política si ese precio máximo se encuentra por debajo del precio de equilibrio, lo cual, en teoría, es lo que sucede para el caso que nos compete.
En general, si se incorpora un precio máximo, el efecto clásico es el de llevar al mercado a un lugar en el cual la cantidad ofrecida no es suficiente para atender la cantidad demandada, es decir, se genera escasez. Inmediatamente esta afirmación debería ser suficiente para no considerar una propuesta de este tipo, sin embargo, para mantener la cantidad actual que se requiere, el Estado tendría que intervenir también subsidiando los costos asociados a esta situación artificial. Se puede realizar en específico reduciendo la cantidad dentro del precio que corresponde al impuesto único, pero, aun así, este tiene un límite obvio, por lo que no se puede asegurar la sostenibilidad de la medida en el mismo mercado, así como en sus efectos en otras áreas como la fiscal e incluso en aspectos sociales si no se logran evitar situaciones de insuficiencia o del auge de mercados negros.
En síntesis, se debe seguir en la línea de pensar en soluciones ante la grave realidad que vivimos todos en la actualidad, sin embargo, resulta en un mismo nivel de importancia la consideración de ajustes que no sugieran complicaciones mayores a las que se piensa solventar en primer lugar. El debate es general y debe ser abierto a todas las voces y visiones, con prisa, pero con mesura.
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