Durante las últimas semanas se ha vuelto a traer a colación el tema del tren eléctrico, y al igual que en 2019, cuando el proyecto fue inicialmente presentado, las críticas y defensas al proyecto se han centrado alrededor de su viabilidad financiera. Por ejemplo, el BID recomendó al país iniciar con una sola línea (Atlántico-Alajuela) debido a la realidad económica y fiscal del país. En cuanto al ámbito político, tras ganar la convención interna del PLN, José María Figueres cuestionó la necesidad de invertir en un proyecto tan costoso en el contexto económico actual. Por el contrario, el Presidente de la República ha defendido el proyecto argumentando que este es rentable y que cada $1.00 gastado retribuirá de vuelta $1.75 a la economía, por lo que no se le puede ver cómo gasto sino como inversión.
Vale la pena cuestionarse los impactos que tendrá el proyecto más allá de los evidentes a primera vista. Es decir, considerar qué costos y beneficios supone para la sociedad tener un tren rápido de pasajeros aparte de los bien conocidos, como: menor congestión, menor tiempo de movilización y mayor productividad. ¿Tendrá este proyecto alguna incidencia (positiva o negativa) en la pobreza o la distribución de la riqueza de la población? Incluso, es apropiado preguntarse si el Gobierno se tomó la molestia de evaluar el impacto del tren sobre la pobreza y la desigualdad en las periferias de la ciudad.
El proyecto se compone de cinco líneas que abarcan 84 kilómetros, cuatro de ellas comunican el centro de San José con el oeste del GAM, donde ha tendido ha crecer la ciudad; y una de ellas más bien conecta con el este de la ciudad, en Paraíso de Cartago. Sin embargo, el cantón de Paraíso no está tan urbanizado como la mayor parte del área cubierta por el tren, y no parece estar mostrando indicios de urbanización. De acuerdo con el Índice de Competitividad Cantonal de la UCR, son el cantón 62 en cuanto a establecimientos de entretenimiento por cada 10.000 habitantes, el 61 en el índice de competencia empresarial, el 75 en cobertura y desempeño 4G, el 68 en calidad de telefonía móvil y el peor calificado de todo el país en cuanto a crecimiento del consumo eléctrico. A pesar de todo esto, el Gobierno ha decidido llevar el proyecto del tren eléctrico hasta Paraíso de Cartago.
De primera entrada, la idea de llevar un tren eléctrico eficiente, entre Paraíso y el centro de la ciudad, podría parecer beneficioso para el cantón y sus habitantes, y en el corto plazo así será, los habitantes del cantón se beneficiarán de un menor tiempo de movilización y por lo tanto de vivir más cerca de la ciudad gracias al tren. Pero en el largo plazo, al estar más cerca de la ciudad y de los servicios que esta ofrece, se podría iniciar un proceso de gentrificación. Este proceso, bien conocido por los economistas urbanos, surge cuando un proyecto revaloriza la tierra en determinada zona (en este caso, el tren eléctrico en Paraíso), incrementando así los alquileres e impuestos municipales, por lo que se vuelve insostenible para los habitantes actuales, de menores ingresos, seguir residiendo en esa zona, y se ven obligados a abandonarla. Adicionalmente, en este caso particular, la revalorización de la tierra podría ocasionar que la actividad agrícola se vuelva insostenible, de nuevo, por el aumento en los alquileres y los impuestos municipales, lo que terminaría desplazando a las familias agrícolas fuera del cantón, hacia zonas más alejadas de la ciudad.
Al final del proceso de ajuste, las personas a las que el Gobierno pretendió beneficiar con el proyecto del tren eléctrico, podrían terminar siendo las más perjudicadas. Debido al proceso de gentrificación, las personas desplazadas, acabarían más lejos del centro de la ciudad en términos de distancia física y a una distancia similar en cuanto al tiempo de transporte.
Lastimosamente, al discutirse el proyecto, tanto el Gobierno como sus detractores parecieran enfocarse exclusivamente en la viabilidad financiera y dejar de lado las implicaciones en la pobreza y desigualdad que podría tener. En cuanto al Gobierno, vale la pena, una vez más, preguntarse si estos aspectos fueron tomados en cuenta, o bien, si consideró que su proyecto podría obligar a familias de bajos ingresos a retirarse a zonas aún más alejadas de la ciudad y colocarlas así en condiciones más desventajosas. ¿Se tomó el Gobierno la molestia?
Socio Consultor Ecoanálisis
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