Julian Jimenez Pardo

Cómo los desequilibrios del seguro de salud y pensiones se transmiten a la planilla, la productividad, las finanzas públicas y el mercado de capitales.

En 2025, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) destinó ₡215.837 millones de los rendimientos de sus inversiones y ₡50.801 millones del capital de su reserva para completar el pago de pensiones. En conjunto, utilizó ₡266.638 millones del fondo y de los ingresos generados. (CCSS, acta 9584). Aunque esto no significa que el régimen haya perdido su capacidad inmediata de pago, sí señala un cambio importante: los rendimientos dejaron de ser suficientes para cubrir el faltante anual y fue necesario reducir el capital invertido que produciría los rendimientos futuros.

Ese es el punto de partida empresarial. Una fecha futura de agotamiento puede parecer remota; sin embargo, una brecha anual creciente no lo es. Desde mucho antes de llegar a cero, el sistema requerirá más aportes, transferencias fiscales, cambios en los beneficios o una combinación de los tres. A la vez, el tiempo de espera por atención médica puede afectar la disponibilidad de la fuerza laboral, lo que llevaría a algunas empresas a financiar seguros colectivos, medicina empresarial u otras soluciones de respaldo. La CCSS debe leerse, por tanto, como un factor económico activo. El seguro de salud protege capital humano y continuidad productiva; el IVM estabiliza ingresos en la vejez y es un inversionista institucional importante. Cuando sus flujos se deterioran, la transmisión alcanza la planilla, el salario neto, el presupuesto público, el consumo y el mercado financiero. El riesgo macroeconómico comienza mucho antes que la insolvencia.

La fecha que distrae del verdadero riesgo

El FMI proyecta que, sin reformas adicionales, las reservas del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) podrían agotarse en 2029 y las del IVM a mediados de la década de 2030. En su modelo, la brecha anual del SEM pasa de 0,3% del PIB en 2024 a 0,8% en 2028, mientras la del IVM aumenta de 0,2% en 2024 a 0,5% en 2036. (FMI, 2026)

A pesar de ello, no existe una fecha oficial de agotamiento: cada estimación depende del modelo, los datos y los supuestos utilizados. El FMI utiliza un modelo macrofiscal agregado, calibrado con su escenario de crecimiento y demografía. La valuación del SEM presentada por la CCSS en abril de 2026, con datos a diciembre de 2023, muestra algo distinto. En el escenario base de ingresos efectivos, que incorpora la morosidad, el balance anual se vuelve negativo por primera vez en 2030 y las provisiones y reservas se agotarían en 2036. Bajo el enfoque de ingresos reglamentarios y considerando el portafolio de proyectos, en cambio, el seguro mantendría suficiencia financiera durante todo el horizonte proyectado, que concluye en 2038. (CCSS, valuación del SEM)

La diferencia no permite escoger una fecha y descartar la otra. Refleja supuestos distintos sobre ingresos, deuda, gasto y definición de reserva. Que la CCSS pueda atender sus pagos actuales no elimina el desequilibrio a largo plazo. La institución puede disponer de efectivo y activos, pero al mismo tiempo gastar más de lo que recibe y proyectar obligaciones futuras por encima de sus recursos. Para las empresas, la pregunta importante es cómo se financiará esa diferencia y quién terminará asumiendo el costo.

IVM:

La señal más clara se observa en el flujo. La Auditoría Interna de la CCSS calculó que la diferencia entre el gasto del IVM y sus ingresos, una vez excluidos los intereses y los recursos del artículo 78, aumentó de ₡109.367 millones en 2021 a ₡259.912 millones en 2024. (CCSS, Auditoría del IVM) El resultado contable total de 2024 aún fue positivo dado que incluía rendimientos y otros ingresos. Precisamente por ello vale la pena mirar ambas cifras: el fondo podía cumplir, pero cada vez dependía más del ingreso que generaba la reserva.

En el 2025 esta dependencia resultó en una reducción del portafolio de ₡2,64 a ₡2,54 billones, reducción cercana a los ₡97.000 millones. Recurrir al principal para satisfacer prestaciones recorta la misma base que ha desarrollado, con fin de generar ingresos, estabilidad y rentabilidad futura; si el patrón persistiera, cada año se inicia con un menor margen. Todavía no se trata un destino inevitable, pero sí es una dinámica que requiere respuesta antes de que el balance quede en cero.

Figura 1. La presión anual llegó antes que el agotamiento de la reserva. Nota: la barra de 2025 muestra intereses y principal utilizados; no es idéntica a la brecha contributiva 2021–2024.

El IVM no solo paga pensiones: también es un inversionista importante en el mercado financiero. Según el informe de SUPEN del primer trimestre de 2025, el régimen mantenía ₡2,303 billones en instrumentos del sector público, equivalentes al 59,3% de sus activos. Si el IVM necesita destinar una proporción cada vez más grande de sus recursos al pago de pensiones, tendrá menos capacidad para reinvertir los vencimientos o comprar nuevos títulos públicos. Esto no supone ventas forzadas ni un aumento automático de las tasas de interés, porque otros inversionistas podrían sustituir esa demanda. Sin embargo, muestra que la sostenibilidad del IVM también puede influir en el ahorro nacional, el mercado de deuda pública y, potencialmente, el costo de financiamiento del Gobierno.

La incertidumbre es alta ya que la valoración actuarial vigente del IVM está basada en datos de 2022. La Contraloría ya ordenó una nueva a más tardar el 30 de septiembre de 2026. Hasta que no se produzca esta actualización, los cambios de cuotas, edad o beneficios deben ser tomados como propuestas sujetas a una medición actualizada.

SEM:

El SEM representa una paradoja contable. En 2024 reportó más de ₡8 billones de activos, casi ₡3,8 billones de ingresos y ₡2,8 billones de gastos. No obstante, 40,53% de sus activos corresponde a deuda estatal y solo 12,95% a efectivo. (CCSS, Auditoría del SEM) Una cuenta por cobrar puede sostener el patrimonio contable, pero no basta para cubrir salarios, medicamentos, o proveedores. Su valor económico depende de que se convierta en flujo.

El último desglose público disponible, con corte a mayo de 2025, indica que la CCSS registraba ₡4,43 billones en cuentas por cobrar al Estado, equivalentes entonces a 8,62% del PIB. El 82,65% correspondía al SEM y el 17,35% al IVM; para ese momento, casi todo el saldo carecía de un acuerdo formal de pago. En mayo de 2026, el FMI informó que existían acuerdos preliminares sobre algunas obligaciones, pero que el resto continuaba en negociación. Por ello, el monto no equivale a efectivo disponible ni a una deuda conciliada.

El segundo balance del SEM es operativo. En abril de 2026 existían 191.382 registros en la lista quirúrgica (espera promedio de 439 días) y 334.166 registros para consulta especializada (promedio de 503 días de espera). (CCSS, listas de espera) Estas cifras corresponden a atenciones pendientes, no a pacientes únicos: una misma persona puede estar en más de una lista. Además, muestra la presión sobre los servicios, pero no permiten calcular directamente su costo para las empresas. Para estimarlo se necesitarían datos sobre incapacidades, duración de la ausencia, salarios, sector de actividad y costos de sustitución. Un diagnóstico tardío puede prolongar el período de incapacidad y dificultar el regreso al trabajo. Además, puede obligar al paciente (o a su empleador) a recurrir a atención privada, generando un costo adicional. Muchas empresas que dependen de personal especializado y difícil de sustituir han hecho frente a la situación con seguros colectivos, médicos de empresa o por medio de pagos directos.

La CCSS ya mide volúmenes de atención, casos pendientes, tiempos de espera y algunos indicadores operativos; el problema no es una ausencia total de medición. El vacío está en vincular esos datos con el valor generado por el gasto. En 2025, la Contraloría advirtió que la metodología del indicador de espera quirúrgica omitía categorías relevantes de pacientes, lo que limitaba su utilidad para la toma de decisiones. En las fuentes públicas revisadas tampoco se localizó un reporte periódico que conecte el gasto con el costo por caso resuelto (ajustado por complejidad), los resultados clínicos, las reconsultas evitables o la duración de las incapacidades. (Contraloría, 2025)

Cuatro canales hacia la empresa

Base contributiva. La recaudación depende de la tasa, el número de cotizantes, el salario reportado y la continuidad del aporte. Con unos 819.000 trabajadores informales en marzo–mayo de 2026 y 96,8% de los puestos de las microempresas de los hogares clasificados como informales en 2025, el crecimiento de los ingresos de la CCSS seguirá dependiendo de una base formal comparativamente estrecha. Si la masa salarial asegurada avanzara al ritmo actual, la recaudación crecería menos y una brecha determinada exigiría un ajuste mayor por cotizante o más financiamiento fiscal; si ingresaran trabajadores adicionales y permanecieran aportando, el faltante se distribuiría entre una base más amplia. La variable importante para el futuro será, cuánto crece la masa salarial.

Productividad sanitaria. Durante los próximos años, el canal sanitario dependerá de si la capacidad de atención acompaña la demanda proyectada por el SEM. Si las esperas permanecen elevadas, el efecto empresarial aparecería entre la consulta, el tratamiento y el regreso al puesto: incapacidades más largas o frecuentes, reemplazos y horas extendidas. La CCSS registró poco más de 10 millones de días de incapacidad por enfermedad en 2024; una variación de 1% equivaldría a unos 100.000 días, sensibilidad que no constituye una previsión. El patrono cubre 50% del salario durante los primeros tres días y, aunque la CCSS asume un subsidio desde el cuarto, la empresa es obligada a asumir los costos de sustitución y producción no recuperada. La incidencia sería mayor en puestos presenciales o difíciles de sustituir. Sin datos que relacionen diagnóstico, espera y duración, no es posible proyectar responsablemente un costo nacional. (CCSS, 2024) (CCSS, reglas de incapacidades) (CCSS, valuación del SEM)

Costo privado de respaldo. Ante mayores tiempos de espera, los seguros colectivos, la medicina ocupacional y el acceso rápido a atención privada pueden adquirir mayor importancia como herramientas empresariales para reducir el ausentismo y acelerar el regreso al trabajo. Sin embargo, también crean una segunda capa de gasto sanitario. Para gestionar esta exposición, es necesario separar el costo por empleado, la utilización de los servicios, el tiempo de atención ahorrado y su efecto sobre la duración de las incapacidades. De lo contrario, la cotización se registra como costo de planilla y la cobertura privada como beneficio laboral, ocultando el costo sanitario total asumido por la empresa.

Riesgo fiscal y demanda. El efecto macroeconómico dependerá de cómo se financie el ajuste. Si el Gobierno aumenta sus transferencias a la CCSS, deberá reasignar gastos, recaudar más o emitir deuda adicional. Al mismo tiempo, si el IVM continúa utilizando reservas para pagar pensiones, podría disponer de menos recursos para reinvertir en títulos públicos. Esto no implica ventas forzadas ni un aumento automático de las tasas, pero obligaría a Hacienda a sustituir parte de la demanda de un importante inversionista institucional. (SUPEN, 2025) Si el costo recae sobre los trabajadores o los beneficios, afectaría el ingreso disponible, el ahorro y el consumo. Por tanto, el mecanismo de ajuste determinará su impacto sobre la demanda interna y el financiamiento soberano.

Caja cuantitativa: una comparación de escala

Trayectoria mecánica de la brecha anual combinada del SEM y el IVM. La línea central interpola linealmente las anclas publicadas por el FMI; las líneas superior e inferior muestran sensibilidades paramétricas, no pronósticos ni reformas cuantificadas.

Figura 2. La brecha conjunta cambia según la oportunidad y profundidad de la respuesta. Fuente base: Calculos-FMI.

Año	Brecha / PIB	Continuidad	Estrés	Reforma gradual	Equiv. planilla
2026	0,80%	₡0,434 billones	₡0,434 billones	₡0,434 billones	2,77 p.p.
2031	1,52%	₡1,101 billones	₡1,239 billones	₡0,765 billones	5,26 p.p.
2035	2,07%	₡1,863 billones	₡2,282 billones	₡0,838 billones	7,18 p.p.

En 2026 la brecha combinada alcanza 0,8% del PIB, aproximadamente ₡433.840 millones: 0,55% para el SEM y 0,25% para el IVM. Equivale a 2,77 puntos de la masa salarial asegurada aproximada. Si el Gobierno absorbiera toda la presión (una comparación extrema) representaría 5,6% de sus ingresos y 88,9% del superávit primario proyectado para el año.

Para 2031, la continuidad llega a 1,52% del PIB, unos ₡1,101 billones, o 5,26 puntos de masa salarial. La equivalencia supera el superávit primario proyectado por el FMI. En 2035 alcanza 2,07% del PIB y ₡1,863 billones; el monto en colones utiliza un crecimiento nominal de 5,5% anual después de 2031 y debe leerse como sensibilidad. Una reforma gradual que cerrara 55% de la brecha dejaría todavía 0,93% del PIB pendiente. El mensaje no es que estas sumas vayan a cobrarse a la planilla o al presupuesto, sino que ningún actor puede absorberlas solo sin efectos secundarios.

Reformas:

Un aumento contributivo produce ingreso inmediato, pero eleva el costo laboral y reduce el salario neto. El FMI considera limitado el margen para seguir aumentando las cargas sociales; además, la OCDE recomienda revisar los componentes de planilla que no financian directamente a la seguridad social. (OCDE, Costa Rica 2025) La evaluación debe medir no solo cuánto recauda una tasa, sino cómo cambia contratación, formalidad y salario reportado.

Un mayor aporte fiscal evita cargar todo el ajuste sobre empresas y trabajadores, pero traslada el costo al presupuesto público. Para financiarlo, el Gobierno tendría que aumentar sus ingresos, emitir deuda o reducir otros gastos. Pagar obligaciones estatales conciliadas mejora liquidez y reduce morosidad, aunque no corrige por sí solo el crecimiento estructural del gasto sanitario o previsional. La negociación debe distinguir el saldo histórico, las obligaciones corrientes y la fuente permanente que impedirá volver a acumular cuentas.

Ampliar la base formal distribuye el financiamiento entre más cotizantes y puede ser más compatible con crecimiento, pero madura lentamente y requiere productividad, fiscalización y estabilidad contributiva. La atención primaria, mejores compras y gestión hospitalaria pueden reducir gasto evitable y mejorar capital humano; cualquier ahorro debe acompañarse de una línea base, costo de implementación, plazo y resultado auditado.

Para las empresas, la sostenibilidad de la CCSS dependerá de una combinación de mayor eficiencia, cumplimiento de las obligaciones estatales y ampliación gradual de la base contributiva, limitada por la informalidad. Si las condiciones persisten, el ajuste no llegará como una sola factura: podría manifestarse mediante mayores costos de planilla, más presión sobre las finanzas públicas, ausencias laborales prolongadas y una creciente necesidad de financiar servicios privados de salud. La forma que adopte la reforma determinará cómo se distribuirá ese costo entre el Estado, las empresas, los trabajadores y los beneficiarios. Por eso, el riesgo empresarial comienza mucho antes del eventual agotamiento de las reservas: aparece cuando el deterioro financiero y operativo del sistema empieza a modificar los costos, la productividad, el consumo y las decisiones de inversión. Preservar la CCSS exige actuar antes de que las alternativas sean más limitadas y el ajuste resulte más costoso.